La experiencia de Elizabeth, una refugiada de Sudán del Sur que vive en Kakuma puso de relieve la falta de información para los refugiados. Enseñar a las personas sobre sus derechos y responsabilidades es el punto de partida del enfoque de responsabilidad social de la CVA. Elizabeth había sido refugiada durante 20 años y fue solo en 2017, junto con otros refugiados que vivían en el campamento de refugiados de Kakuma, que recibió capacitación de World Vision sobre los derechos de los refugiados y sobre cómo involucrar y mejorar la relación entre los refugiados, comunidad y proveedores de servicios. A diferencia de la mayor parte de la responsabilidad social que se centra en los servicios gubernamentales, en los campos de refugiados, los servicios son proporcionados por una variedad de actores, incluidas organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el gobierno, que brindan al refugiado servicios como atención médica, seguridad alimentaria y educación. .
Muchos refugiados no están familiarizados con sus derechos y guardan silencio cuando se enfrentan a un tema que les preocupa que les afecta la vida en el campo de refugiados. Elizabeth ha enseñado a más de 500 personas de su comunidad de refugiados (muchos de ellos de diferentes nacionalidades) sobre sus derechos.
En el caso de la vacuna COVID-19, el acceso limitado a información de confianza y adecuada promueve la duda ante la vacuna.
La responsabilidad social habilita las voces de los refugiados y provoca la resolución colectiva de problemas.
Conocer sus derechos es una cosa, pero poder hacer algo al respecto cuando se les niegan sus derechos es otra. Antes de que se introdujera el enfoque de Voz y Acción de la Comunidad en el campamento, los refugiados no tenían una plataforma donde pudieran plantear sus quejas y sugerir ideas para mejorar los servicios. Esto resultó en desacuerdos entre la comunidad y los proveedores de servicios.
CVA equipa a las comunidades con herramientas como tarjetas de puntuación comunitarias y mini auditorías sociales, y facilita reuniones participativas para que las comunidades monitoreen la prestación de servicios e identifiquen las brechas. Los resultados se comparten en reuniones de interfaz con proveedores de servicios estatales y no estatales para desarrollar planes de acción locales para mejorar la calidad y cumplir con los estándares de servicios tales como existencias de medicamentos, enfermeras por habitante, vacunas, proporciones de alumnos por maestro, estándares de distribución de alimentos y servicios de protección infantil.
